Marta Ventre

DROGADICCION Y CONTROL SOCIAL

Cada marco colectivo, para sostenerse y reproducirse, requiere un "modelo de sujeto" que lo haga posible. Las mismas sociedades que hace siglos posibilitaron una forma de subjetividad, acorde con las significaciones imaginarias propias de esos momentos históricos, hoy serían disfuncionales para el desarrollo del mundo capitalista.

Desde este punto de vista ¿Qué sujeto es funcional al modelo social actual? ¿Qué formas psíquicas son esperables y deseables para las creencias y valores dominantes? En el capitalismo "global" el soporte subjetivo de la organización social es el llamado "cliente" o "consumidor".

La subjetividad del consumidor está constituida para valorar y tender hacia determinadas prácticas: "el consumo continuo y la ilusión de la inmediatez de las satisfacciones". Con igual criterio las modernas corrientes en neurobiología y en psico-farmacología sostienen que se puede encontrar algún remedio, que sea "el objeto adecuado", para dejar de sentir dolor, depresión, angustia, etc. Esto estimula la creencia de que existe la posibilidad de consumir sustancias químicas que eviten todo sufrimiento y malestar. En ese sentido es lo mismo que se dice busca el adicto.

Podemos considerar que las cualidades de las sustancias, las características específicas de los sujetos o las oportunidades no hacen posible la figura social del "drogadicto", si ésta no estuviera previamente establecida como tal. En otras formas socioculturales no tenía existencia, no porque no hubiera uso y abuso de ciertas sustancias, sino porque las prácticas humanas no eran calificadas y evaluadas en esos términos.

De la misma forma, los criterios de salud y enfermedad están pautados culturalmente, por lo cual no deben naturalizarse y aceptarse acríticamente. Es frecuente que la salud se asocie con la noción de normalidad, como expresión de la "norma social" o con sentido estadístico, produciéndose deslizamientos que implícita o explícitamente equiparan este término con "salud mental", desde un criterio puramente adaptativo al sistema social. Ser normal, desde esta perspectiva, implica tener comportamientos conformes a los marcos sociales. El desviado de la norma será entonces considerado anormal, enfermo o desadaptado. Toda manifestación de originalidad o toda conducta ajena a lo esperable se puede convertir en la prueba de un "desorden". En todo caso es pertinente preguntarse: ¿la subjetividad que instaura el capitalismo global como normal es lícito considerarla saludable?

Cuando la delimitación de las patologías en clasificaciones específicas depende de cual es la personalidad "normal", oficialmente instituida, se hace indispensable intentar "Una interrogación acerca de la institución de la enfermedad y las prácticas que le son asociadas" ; como también tener en cuenta que las concepciones que se producen y promueven son inseparables de las estrategias de disciplinamiento y control social.

Las pugnas entre grupos diversos y sus múltiples efectos en el campo social determinan el conjunto de las prácticas que son legitimadas en cada momento histórico, los mecanismos que se utilizan de construcción y reproducción de ciertas hegemonías teóricas y los distintos argumentos "científicos" que se emplean para desacreditar aquellos saberes que contradicen las conclusiones "oficiales". 

Así se organizan distintos discursos, muchas veces entrecruzados, jerarquizados y articulados - en el orden macro y micro social - en torno de ciertas relaciones de poder. En la problemática que nos ocupa encontramos a diversas disciplinas instituyendo dispositivos "terapéuticos", acompañando al sistema judicial que dicta normas, que intenta sujetar a los consumidores en una red que habla de ellos, establece cómo tratarlos y las penas que les caben si "no tienen voluntad de cura". ¿Cura de qué? De la adicción o consumo. Pero no de cualquier adicción. Solo se ocupa de la drogadicción, rotulando como drogadictos a los que consumen sustancias clasificadas como "prohibidas". Por un lado estimulación permanente para incentivar consumos de todo tipo, por otra determinación de los consumos permitidos y condenados.

Asimismo las nociones de uso-abuso-adicción, y el sentido que se le atribuye a estos términos, quedan frecuentemente determinados por criterios vagos, equívocos, confusos, como también la inclusión de ciertas sustancias en el rubro "drogas" y la exclusión de otras, que desde el punto de vista de su toxicidad no difieren sustancialmente, la información contradictoria que circula sobre los efectos y la peligrosidad de las mismas, la imprecisión en las clasificaciones, parecen más cercanos a mantener certezas indemostrables y convicciones dogmáticas, que a la intención de conocer y comprender algo alrededor de esta problemática.

De esta forma se multiplican los argumentos que pretenden proteger, avisar, señalar los peligros que nos aguardan si consumimos esas drogas. Se solicitan informes, diagnósticos y descripciones de los "factores de riesgo", que promueven una nueva modalidad de vigilancia. Este hipotético intento de "prevenir" coloca a la sospecha en el lugar de una forma de "cientificidad".

Desde esta mirada el sujeto queda convertido solo en un cuerpo cautivo, sometido, a merced de las drogas que son "el mal" que se tiene que aniquilar, tornándose decisivo analizar sus efectos maléficos, contabilizar el porcentaje de afectados; catalogar el tipo de sustancias, especificar el "perfil" del drogadicto, etc., aplicando una lectura maniquea y ontológica acerca de las sustancias.

Concepción dualista que, ante la diversidad y complejidad de estos fenómenos anula la posición subjetiva, ubica y trata al consumidor como si fuera un ente, creando prácticas supuestamente racionales que definen su campo disciplinario. Los denominados drogadictos quedan representados por ciertos productos y los propios clasificados, muchas veces, se asimilan a lo que estos discursos proponen, haciéndose cargo de estas conclusiones estereotipadas y estereotipantes. Asumen "el diagnóstico" como un nombre propio. "Ser drogadicto" parece que ofrece un lugar que asegura una suerte de identidad singular y colectiva.

Es llamativo que en tanto la OMS sostiene que los sistemas de salud eficaces del mundo solo tienen 400 principios químicos activos, en nuestro país estén bordeando los 4000. Así se recetan por dia alrededor de 13 millones de comprimidos de drogas "permitidas". Simultáneamente, en tanto no existen normas de seguridad e inspección sobre los medicamentos de venta libre, se expenden de manera indiscriminada productos prohibidos en otros paises por su toxicidad. ¿Por qué esta cuestión, - cuya incidencia en la población es muy superior a la que registra el consumo de sustancias prohibidas, y con efectos tanto o más nocivas que éstas,- no parece generar en los estamentos estatales preocupación alguna?

De la misma forma no hay control alguno sobre un eslabón clave de la producción de las drogas ilegales: las sustancias químicas llamadas "precursores" que comercializan y exportan en nuestro país alrededor de 3000 empresas. En diciembre de 1999 el Sedronar admitía públicamente que no contaba con los recursos monetarios ni el personal necesario para cumplir su tarea de inspección.

Es evidente que estas significaciones colectivas dominantes determinan cómo se organizan los movimientos de los actores sociales en determinados "territorios". Distribuyen lugares, poderes y uso de la palabra. Se impone como "realidad concreta" aquello que es definido y pautado por los grupos sociales hegemónicos, los cuales designan y establecen las diferencias entre unos y otros; entre las drogas permitidas y las prohibidas, entre los consumos autorizados y los que no, entre lo que se controla y lo que se deja al arbitrio de la "libertad de los mercados". En este campo sólo se acepta la homogeneidad. Hay que cumplir con lo que establecen los sensatos, prudentes, juiciosos, razonables portadores de la norma.

El frecuente fracaso y el empecinamiento en continuar con esta tarea parecen confirmar que todo acontece como si hubiera una resistencia a que se instale un discurso racional. Como que más que saber sobre el tema solo se quisiera impedir que eso suceda.

En el "capitalismo global", donde el eje es la segmentación del "cliente" según su capacidad para determinados consumos, al usuario de ciertas sustancias se le impone solo desistir, bajo el riesgo de ser castigado. La prohibición no otorga capacidad alguna de decisión, ya que toda política correctiva no promueve ni ofrece un espacio de reflexión y libertad. El consumidor tiene posibilidad de elegir entre los múltiples objetos que se le ofrece, pero siempre que acepte ubicarse en el "segmento" que el nuevo orden ofrece.

Las investigaciones y codificaciones que llevan a cabo diversas organizaciones revelan qué se debe saber y evaluar para regular y administrar "el problema". Se convierte de esa forma en una ciencia política porque se ocupa de resolver una cuestión que se tipifica como "tema de Estado". Particular posición de este Estado que proclama su vocación y su intento de abandonar sus responsabilidades sobre muchos aspectos que tienen que ver con la salud de la población, pero que en este tema se muestra totalmente antagónico con lo que propone en otras áreas. Aquí adopta una postura centralizadora, monopólica, ocultando bajo un discurso técnico su intención de ejercer un efectivo control social.

Curiosa situación: por un lado una percepción social negativa, por otro un conocimiento positivo que produce el desarrollo de teorías, prácticas y organizaciones que se ocupen de "corregir" esa anomalía y que permita "normalizar" a los sujetos desviados. "Nuevos colonizadores de un territorio"..... "dictaminando cómo deben ser sus habitantes y qué hábitos o conductas deben modificar"

Los consumidores que hasta hace 20 años pasaban desapercibidos, hoy se los indaga y se les pide que revelen, proclamen, admitan y declaren. Se los designa como víctimas peligrosas, enfermos pero amenazadoramente cercanos al vicio, la infracción y la mala intención, operándose con rapidez deslizamientos para caracterizarlos como delincuentes. Por esa razón se les exige, apremia, obliga a comparecer frente a los médicos y los fiscales.

Este ejercicio de poder se vuelve tema médico en tanto disfunción que hay que descubrir en el comportamiento. Se vuelve tema jurídico en tanto establece a quienes vigilar y castigar. Enfrentamiento y refuerzo recíproco. Padres e hijos, educadores y alumnos, jueces y "reos", médicos y enfermos circulando alrededor de discursos y prácticas que se han tornado fundamentales.

Entonces, cuando se consideran los códigos instituidos con relación a la "drogadicción" ¿lo que se designa es una enfermedad? ¿Se provee cuidados o se custodia a los sujetos clasificados como tales? En tanto la Ley 23.737 establece los procedimientos punitivos a ejercer sobre los caratulados como drogadictos, como así también los criterios legales a respetar en el campo de la asistencia, la lectura y análisis de algunos de sus artículos puede ayudar a responder las preguntas formuladas y desplegar otras que, desde mi rol como profesional de la salud y docente universitaria, me plantea dicha norma jurídica: 

(Art. 18-) "... si durante el sumario se acreditase que la tenencia es para uso personal y existen indicios suficientes a criterio del juez de la responsabilidad del procesado y este dependiera física o psíquicamente de estupefacientes, con su consentimiento se le aplicará un tratamiento curativo por el tiempo necesario para su desintoxicación y rehabilitación y se suspenderá el tramite del sumario. Acreditado su resultado satisfactorio, se dictará sobreseimiento definitivo. Si transcurridos dos años de tratamiento, por falta de colaboración del procesado no se obtuvo un grado aceptable de recuperación se reanudará la causa y. podrá aplicársele la pena y continuar el tratamiento por el tiempo necesario, o mantener solamente la medida de seguridad."

a) Las alternativas que se le proponen a los sujetos sumariados son: tratamiento o proceso y encarcelamiento. Propuesta perversa si las hay. Parece irónico hablar de "consentimiento" (como si dieran la posibilidad de una decisión voluntaria), ante las alternativas que se les plantea a los detenidos. 
b) ¿Quién determinó que el "tiempo necesario" es dos años de tratamiento? ¿Cuáles son los parámetros utilizados para llegar a este criterio temporal homogéneo para todos los afectados? 
c) Se entiende por "resultado satisfactorio" sólo el abandono del consumo de drogas prohibidas. Adhesión a los valores dominantes con aceptación de "la culpa" del procesado. Únicamente así se dictará el sobreseimiento. 
d) Si no se logra "un grado aceptable de recuperación por falta de colaboración del procesado", se podrá aplicar la pena de cárcel y simultáneamente imponer nuevo período de "tratamiento" o una de ellas. ¿Puede convertirse en una pena por tiempo indeterminado? La redacción del artículo da al juez un poder casi total sobre el detenido. ¿Qué se entiende por "aceptable"? Palabra muy ambigua que deja un amplio espacio para cualquier tipo de interpretación. 
e) Todo resultado en el tratamiento que no sea el esperado se responsabiliza exclusivamente al procesado. ¿Y los profesionales tratantes? ¿Y el dispositivo "terapéutico" implementado? ¿Y las particulares condiciones en que se lleva a cabo el tratamiento? 
f) El sector de la sociedad afectado ¿pierde todos sus derechos por la simple razón de consumir sustancias consideradas ilegales ? 

(Art. 19) "El tratamiento estará dirigido por un equipo de técnicos y comprenderá los aspectos médicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos,.........pudiendo ejecutarse en forma ambulatoria, con internacion o alternativamente, según el caso....Respecto de los procesados, el tiempo de tratamiento suspenderá la prescripción de la acción penal".

Este es un artículo fundamental para entender el lugar que se nos asigna a los profesionales, en tanto:

g) El juez les solicita que se hagan cargo de la responsabilidad del tratamiento de aquellos que él decidió que "deben atenderse". Paradójica situación. No son los profesionales de la salud quienes establecen si las personas necesitan o no tratamiento, sino a la inversa. La Ley faculta a los magistrados para decidir quien necesita atención y luego delegar su poder a los profesionales para que cumplan "con su tarea específica". "La legitimidad médica bajo la forma de "aislamiento terapéutico" es solo una forma disfrazada de secuestro, a veces más riguroso que el encarcelamiento, pero justificado por su supuesta "función terapéutica".

h) ¿Cuál será la implicación y responsabilidad del psicólogo como perito? El Juez supedita su decisión en el diagnóstico y evaluación que realice el profesional para considerar que hay "un grado aceptable de recuperación" o que no hubo "voluntad de cura", de aquellos que él decidió que necesitaban tratamiento. Se establece así una relación vincular entre la evaluación y la libertad o no del procesado, quedando depositada la responsabilidad sobre los profesionales tratantes y no sobre el juicio y fallo del juez. 
i) Si agregamos a esto que el delito no prescribe en tanto dura el tratamiento, ¿qué tipo de relación puede llegar a establecerse entre el sujeto y el profesional en este marco institucional? ¿Cuál es el lugar ético que este dispositivo le propone al mismo?

(Art.21) ".....si el procesado no dependiere física o psíquicamente ......por tratarse de "un principiante o experimentador", el juez podrá por única vez, sustituir la pena por una medida de seguridad educativa, en la forma y modo que judicialmente se determine. Tal medida debe comprender el cumplimiento obligatorio de un programa especializado relativo al comportamiento responsable frente al uso y tenencia indebida de estupefacientes..." "Si concluido el tiempo de tratamiento éste no hubiese dado resultado satisfactorio por la falta de colaboración del condenado,(¿?) el tribunal hará cumplir la pena en la forma fijada en la sentencia."

j) Es poco coherente proponerle a los sujetos como conducta deseable un comportamiento responsable y solo ofrecerles un dispositivo de cumplimiento obligatorio, cuya forma y modo está determinado por el sistema judicial. 
k) Aquí nuevamente la falta de colaboración y el fracaso del resultado se deposita exclusivamente en el sujeto. Al procesado no se le consulta ni se le tiene en cuenta en aspecto alguno. Solo se le ofrecen dos alternativas igualmente lesivas: obediencia o castigo. 
l) Es oportuno interrogarse acerca del rol que se le asigna a los docentes, y qué criterios se sustentan acerca de la tarea educativa. Los dispositivos que se implementan son claramente autoritarios ya que sus objetivos parecen apuntar al adoctrinamiento y la obediencia pasiva, para evitar una pena efectiva de cárcel, y no a la búsqueda de una actividad reflexiva de los participantes.

(Art.22) "Acreditado un resultado satisfactorio de las medidas de recuperación establecidas en los Art. 17-18-2l si después de un lapso de tres años de dicha recuperación, .....alcanzara una reinserción social plena, familiar, laboral y educativa, el juez previo dictamen de peritos, podrá librar oficio......para la supresión de la anotación relativa al uso y tenencia indebida de estupefacientes.

m) ¿Solo la reinserción familiar, laboral y educativa garantizan la recuperación del 
consumidor? Con este criterio los sectores de la población que están desocupados, que no estudian o que no viven con sus familias ¿ podrían ser considerados sujetos peligrosos o dignos de algún tratamiento específico que los torne "recuperables"? Y si no es así ¿por qué a ellos se les exige algo diferente que al resto de la población?
n) Nuevamente este artículo delega en la actividad pericial del profesional la decisión sobre la libertad o no del procesado, diluyendo la responsabilidad del Juez. "Un saber, unas técnicas, unos discursos científicos se forman y entrelazan con la práctica de poder castigar". 

De esta manera el consumidor de sustancias prohibidas está, como diría Foucault, sometido a tres formas de "encierro":

1.- La internación institucional para su tratamiento, "voluntaria" o por orden de un Juez.

2.-La pedagógica, donde aquellos considerados consumidores "leves", "recuperables", deben cumplir horas de concurrencia a cursos de "concientización" de los peligros de consumir sustancias prohibidas.

3.- La cárcel, si no demuestra en las anteriores instancias "voluntad de cambio".

Y a dos modos distintos de entenderlo:

1.- En tanto que sujeto jurídico el consumo queda comprometido por la culpabilidad, pues se le atribuye irresponsabilidad e incapacidad para decidir. Así queda sin libertad por la intervención jurídica, siendo la facultad discrecional del juez prácticamente absoluta.

2.- Como sujeto social está desacreditado por un juicio alrededor de su conducta, sancionado y condenado moralmente por la sociedad. Cada una se articula con la otra en prácticas coherentes con la creación del "drogadicto".

Foucault nos alerta acerca de que: "Todo dispositivo legislativo organiza espacios protegidos (..) en los que la ley puede ser violada, otros en los que puede ser ignorada y otros en las que las infracciones se sancionan". "...el tráfico se despliega sobre una especie de tablero de ajedrez con casillas controladas y casillas libres, permitidas a unos, prohibidas a otros. Únicamente los peones son situados y mantenidos en las casillas peligrosas. Para los beneficios sustanciosos la vía está libre."

Las demandas de la población que no se adecuen a estos parámetros estará obligada a buscar otros espacios de atención, donde pueda hablar y ser escuchada, o será exigida a recorrer y transitar por organizaciones sin adecuada atención, padeciendo las consecuencias del sistema punitivo que se ha montado para su control.

Considero que el sentido que la Ley 23737 otorga al peritaje y su función vinculante, condena a los profesionales de la salud a ser los que "marcan" a los sujetos, para futuras situaciones de exclusión. Coincido con el pensamiento de Castel en cuanto a que "...este peritaje otorga legalidad "científica" a este sistema de control, pero trastoca totalmente la función del profesional en su rol de asistencia y lo convierte en un mero evaluador con objetivos ajenos a su tarea original.(...) Así quedan sometidos a políticas de gestión con objetivos puramente ligados al control y donde estas tecnologías permiten orientar y asignar lugares..."

Esto tiene enormes consecuencias: por una parte, en relación con los consumidores por su carácter estimagtizante, corriéndose el riesgo de cristalizar a los rotulados en un destino institucional y social estable, con un estatus de excepción que puede conducir a un estatus de exclusión. Por otra, al sancionar legislación especial, instituyen condiciones de padecimiento para muchos profesionales que se encuentran enfrentados a las contradicciones que les plantean las normas vigentes, los dispositivos instituidos y su responsabilidad ética y profesional.

Por lo tanto se nos plantea la necesidad de preguntarnos acerca del lugar que ocupamos, como profesionales y docentes, en estas complejas redes de distribucion del poder. ¿Que criterios de enfermedad y salud favorecemos al comprometernos en nuestras prácticas? ¿Cuáles son las condiciones desde las cuales nos incluimos en el campo profesional? ¿Por qué es pertinente considerar como sinónimo de tratamiento exitoso aquel que sólo logra el abandono de las sustancias prohibidas? ¿Desde que teorías, axiomas, determinaciones y luchas de validación disciplinaria se nos propone- y muchas veces se acepta sin cuestionamiento alguno- "adiestramiento específico"?

Las formas en que podamos pensar y ejercer nuestra práctica tendrá mucho que ver con las características de nuestra formación, abriendo la discusión en torno a qué y cómo se lleva a cabo la transmisión de un saber y los múltiples problemas vinculados a dicha transmisión. En este sentido es un tema central el imaginario profesional que se va construyendo según sea el criterio académico y los lineamientos teóricos que se establezcan.

Nuestra tarea tiene que apuntar a interrogar los juicios establecidos, intentar rever lo ya dicho poniendo en tela de juicio las certezas teóricas y proponernos escuchar lo que el discurso dominante deja fuera de toda escucha. Sino corremos el riesgo de ser custodios de saberes dogmáticos, de quedar sometidos a prácticas y rutinas instituidas y muchas veces, aún sin saberlo, terminar al servicio de intereses ajenos a nuestra función social como profesionales de la salud.

* Este artículo forma parte del libro "La drogadicción: Una mirada institucional" Editorial Lugar. 2001.

BIBLIOGRAFIA

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López Corvo, Rafael E. "La rehabilitación del adicto" Ediciones Nueva Visión.
Ventre, Marta H. "Dispositivos de Poder" Secretaría de Publicaciones de la Facultad de Psicología-U.B.A.
Fernández, Ana M. "De lo Imaginario Social a lo Imaginario Grupal" en "Tiempo histórico y campo Grupal" Ediciones Nueva Visión 
Marí, Enrique "El poder y el Imaginario Social" en "La Ciudad Futura"
Foucault, Michel " Vigilar y castigar" Ediciones de La Piqueta.
Terrab, Mauricio "Encrucijadas estructurales" en "Drogadicción Teoría y clinica" Gabas Editorial
Touzé, Graciela "La prevención a través del sistema educativo" En "Ensayos y experiencias" Vol. 5 nro. 29

Legislación Penal de Estupefacientes: Ley Nro.23.737 y sus Modificaciones. 
Medidas de Seguridad curativa y educativa
Bulacio, Bruno J. Y otros: "El problema de la drogadicción -Enfoque Interdisciplinario" Ed. Paidós. 
Zaldua, Graciela "La prevención y las adicciones" en: "Ensayos y Experiencias" Volumen nro. 5 - nro. 29
Catanni, Horacio "Uso indebido de drogas en la República Argentina" en 
Revista de la Dirección de Asuntos Penales.


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