Hermes Millán Redin

EL CONSUMO DE DROGAS EN EL MUNDO DEL TRABAJO
Necesidad, riesgos y condiciones de su evaluación

Cada vez que se habla de investigar sobre el consumo de drogas en los lugares de trabajo y diagramar dispositivos adecuados a tal situación, varios fantasmas recorren el debate e impiden, en la mayoría de los casos, avanzar en una problemática que todos saben de cardinal importancia.
Por un lado los trabajadores y sus sindicatos temen que la planificación de medidas adecuadas a la finalidad de detectar el nivel y la incidencia del consumo de drogas en los lugares de trabajo (o de repercusión directa o indirecta en el lugar de trabajo) termine encubriendo campañas de reducción de personal con el ahorro consecuente en indemnizaciones o despidos. Por otro lado los empresarios temen que adoptar medidas en tal sentido trascienda los límites de la empresa y termine afectando la imagen de sus productos en los mercados por supuestas fallas en los procesos de control de calidad.
Y los temores no son infundados, ya que los estatutos que rigen la actividad laboral prevén en muchos casos el alcoholismo y la toxicomanía como causal de despido; y aunque esta causal no se invoque en forma directa, si se utilizan los subproductos del ausentismo, la impuntualidad, el abandono de tareas, el descenso del rendimiento, los conflictos con los compañeros de trabajo, etc.
Los empresarios terminan muchas veces afiliándose a la estrategia llamada de la “no oferta”, evitándose problemas inmediatos, seguros que la oportunidad de despedir al trabajador infractor tarde o temprano llegará.

Es sabido que la problemática de consumo de alcohol y drogas ilegales muchas veces es importada como hábito por el trabajador del ámbito externo al lugar de trabajo.
Pero existen condiciones de trabajo, físicas, ambientales y de relaciones laborales que se constituyen en factores de riesgo. Citamos a continuación la lista elaborada por la Unión Regional de CC.OO de La Rioja:

De organización del trabajo:
- estrés productivo
- personal insuficiente
- trabajos rotativos
- precariedad
- peligrosidad
- aislamiento y monotonía
- jornadas excesivas
- trabajos a turnos
- nocturnidad
- descanso no reparador
- estado de alerta prolongado
- alto grado de responsabilidad y exigencia
- concentración prolongada
- predominio del ritmo de la máquina sobre el ritmo biológico
- tendencia a la utilización de fármacos

Condiciones físicas y ambientales:
- aire libre, frío-calor (predisposición a la fatiga física y nerviosa, reducción de la atención, aumento del malestar, riesgo de consumo de bebidas de alta graduación)
- ruido-vibración, factor generador de estrés (condiciones que predisponen a trastorno del sueño, dolores de cabeza, tensión, irritabilidad, deterioro del sistema nervioso)

Por más que las investigaciones, por lo menos en nuestro medio, sean insuficientes existen seguimientos internacionales que podrían marcar en términos generales algunas tendencias que se verifican en nuestro país.
La ONU, la OIT y la OMS sostienen que las sociedades pagan un pesado tributo por el uso indebido de drogas tanto en términos económicos como humanos. La evaluación de los organismos españoles especializados permiten aseverar que el consumo de drogas relacionado con el ámbito de trabajo “disminuye tanto la productividad, la calidad y la competitividad, como la salud de los trabajadores, aumentado los accidentes y enfermedades profesionales, los costos empresariales, el ausentismo, los gastos sociales y sanitarios”.
También concluyen que la disminución de esta problemática, si se toman medidas adecuadas, es posible sin un gran desembolso financiero, aprovechando los recursos existentes, a condición del compromiso en una acción común de las administraciones públicas, las empresas y los sindicatos.
La Revista de la OIT “Trabajo” en su No. 23 resume los resultados de un proyecto que abarcó países tan variados como Egipto, México, Namibia, Polonia y Sri Lanka, que demuestra, más allá del corte de la muestra, la gravedad de la problemática que nos ocupa. Entre los datos recogidos resaltamos los siguientes:
- entre el 70 y 80 % de los incidentes relacionados con el alcohol son ocasionados por bebedores moderados;
- en todas las profesiones las tasas más elevadas de consumo y abuso de alcohol y drogas corresponden a trabajadores varones y jóvenes;
- las mayores tasas de consumo de alcohol, marihuana y cocaína en el puesto de trabajo, en los hombres, se da en los sectores del ocio, el espectáculo y la construcción;
- en el caso de las mujeres, la mayor incidencia del consumo de alcohol corresponde la agricultura, la selvicultura y la pesca.

La Revista “Trabajo” de la OIT en su No. 30 agrega como dato interesante un estudio efectuado en Estados Unidos, donde pilotos de línea aérea utilizaron un simulador en tres condiciones de influencia del alcohol. “Antes de beber, sólo un 10 por ciento no consiguió ejecutar todas las operaciones con corrección. Con una concentración de alcohol en sangre de 0,10/100 ml, la proporción se disparó hasta el 89 %. Catorce horas más tarde, período de tiempo en que el alcohol había abandonado su organismo, un 68 % de los pilotos siguió cometiendo errores”.
Estos datos son por demás interesantes porque demuestran la amplitud de la problemática, en la medida que permite desmontar algunos mitos consolidados en lo que a la interpretación de la relación entre el consumo y el desempeño laboral se refiere:

1- los accidentes laborales pueden relacionarse con pequeños consumos;
2- los accidentes laborales pueden tener como protagonistas a sujetos que no podrían signarse como grandes consumidores o consumidores habituales;
3- los accidentes de trabajo pueden relacionarse con el consumo de alcohol o de drogas, aún más allá de los tiempos en que se considera que la sustancia consumida mantiene principios activos presentes en el organismos, ya que la alteración de conciencia involucra componentes subjetivos y de naturaleza psicológica.

Una vez reconocida la magnitud de la problemática y la multiplicidad de los componentes afectados, la cuestión fundamental se desplaza a la búsqueda de alternativas de tratamiento de la cuestión que conjugue los intereses de los trabajadores, los empresarios y el Estado, y a la elaboración de dispositivos que no sirvan de pretexto o de cobertura a intereses económicos o políticos subyacentes. En ese sentido la Primera Conferencia Internacional del Sector Privado sobre Drogas en el Lugar de Trabajo y en la Comunidad realizada en Sevilla en 1993 permitió la revisión de las políticas empresariales existentes y sentar las bases de la colaboración entre el sector privado y la comunidad.
La Segunda Conferencia, con la participación organizativa del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) y la OIT (Porto Alegre, abril de 1995) afirmó la importancia de la participación de los Sindicatos y las Organizaciones No Gubernamentales, con el acento puesto en la prevención. En ese marco el Sr. Adrian Wilkinson, consultor del PNUFID/OIT, enfatizó la necesidad de difundir y aplicar el Código de Prácticas sobre el Manejo de Cuestiones relacionadas con el Alcohol y Drogas en el Lugar de Trabajo, aprobado por la OIT.
Los participantes acordaron seis componentes conceptualmente distintos para un programa modelo:

- educación de los empleados;
- intervención/prevención;
- investigación;
- políticas;
- estrategias de comunicación;
- procedimientos de control de calidad

La intervenció/prevención debe incluir tres niveles: la educación preventiva de todos los empleados, la orientación y asesoría para personas en alto riesgo de desarrollar problemas con las drogas y servicios de rehabilitación para trabajadores con dependencia ya establecida.

En muchos países y en la mayoría de las empresas predomina aún un modelo represivo, acorde –por otra parte- a la tesis oficialmente predominante en relación con la producción, tráfico y consumo de drogas. Este modelo relativo al abordaje de la problemática del consumo de drogas asociado al lugar de trabajo, se presenta con diferentes variantes relacionadas entre sí.
Por una parte el modelo de la no oferta que consiste en no asumir la problemática del consumo en la empresa y no coordinar esfuerzos con las partes involucradas, en la convicción de que tarde o temprano el trabajador consumidor terminará generando causales que permitan su despido.
El modelo del despido que apuesta a la detección de la problemática, acudiendo a la legislación que ampara la expulsión de los alcohólicos y toxicomanícos, o invocando causales indirectas como la impuntualidad o el ausentismo.
El modelo de la excedencia que implica que el tiempo que el trabajador “problema” este en tratamiento no será pago por la Seguridad Social, acordando con el trabajador amenazado por el despido, condiciones que seguramente terminarán con la no- reinserción al lugar de trabajo.
El modelo de la sanción como única apuesta correctiva, supone la pérdida temporaria del sueldo o la quita de beneficios adquiridos como la antigüedad, por ejemplo.
El modelo de la detección médica centra la vigilancia en los informes que los equipos médicos brindan sobre la aparición de los síntomas asociados al consumo; algunas veces se incluyen en los chequeos médicos pruebas que apuntan a la medición de parámetros biológicos como el VCM o las transaminansas, por ejemplo.

Podríamos citar dos ejemplos de la aplicación de este modelo represivo, con la consecuente fundamentación ideológica que lo sostiene.
Un informe de la Administración de Adicción a Sustancias Controladas y Servicios de Salud Mental (SAMHSA) de los Estados Unidos, de 1999, luego de afirmar que el consumo de drogas ilícitas entre los trabajadores de tiempo completo había disminuido un 10% en los últimos años, destaca que todavía subsisten en el país 6.3 millones de trabajadores consumidores de drogas ilícitas, 6.2 de grandes consumidores de alcohol, y 1.6 millones de trabajadores que combinan ambos consumos. En ese marco lanza su consigna de trabajo, por demás significativa, en una conferencia de prensa de Barry McCaffrey, Director de la Oficia de Política Nacional de Control de Drogas, dependiente de la Casa Blanca: “Tratamiento de la adicción: Invertir en la Gente para el Éxito de las Empresas”.
Por más que en la misma conferencia se anuncian algunas medidas sociales como la paridad a partir del 2001 en la cobertura de salud mental y consumo de sustancias ilícitas, el mecanismo privilegiado sigue siendo la detección por parte de la empresa del trabajador adicto en la forma de operativos compulsivos.
Resulta difícil en este caso detectar los límites entre las políticas de Estado y los intereses, por ejemplo, de la empresa Quest Diagnostics, líder en el ramo de exámenes de diagnóstico, información y servicios de detección de consumo entre los trabajadores, con una facturación de 3.4 millones de dólares en el año 2.000. Poco después de que SAMHSA anunciaba la tendencia a la baja en las cifras de consumo en el trabajo, la Quest Diagnostics anuncia, por primera vez desde la comercialización de su test, un repunte de los guarismos de consumo laboral, recomendando la extensión del uso de su dispositivo diagnóstico a las pequeñas y medianas empresas que sirven de opción laboral a aquel usuario que no resistiría las pruebas de ingreso a las grandes empresas debido a sus mecanismos de filtro.

Por otra parte, en China el Consejo de Estado promulgó las Medidas para la Implementación de la Abstinencia Forzosa, mientras que los departamentos correspondientes elaboraron las Directrices de las Terapias Estándares de Abstinencia para la Deshabituación del Opio, así como el Reglamento sobre el Control de los Medicamentos Destinados a la Abstinencia de las Drogas.
En virtud de estas resoluciones, los consumidores habituales de drogas, incluyendo a los detectados en el ámbito de trabajo, “son ingresados en centros de abstinencia forzosa establecidos por los gobiernos de los distintos niveles; a quienes recaen en el consumo de drogas después de abandonar los centros de abstinencia forzosa, se les interna en centros de abstinencia mediante el trabajo obligatorio”. Los documentos oficiales señalan que existen en todo el país 746 centros de abstinencia forzosa y 168 centros de abstinencia forzosa mediante el trabajo obligatorio. Pero lo más significativo es el criterio de cura con que se manejan estos centros. Dicen los documentos oficiales: “En los centros de abstinencia, a los internos se les trata con terapias seguras y científicas, se les imparten conocimientos legales y morales, y se les educa estrictamente en un comportamiento correcto”. Y para rematar este trasbasamiento entro lo científico y lo ideológico, se agrega que estos centros son supervisados, entre otros, por los diputados de las asambleas populares y los representantes de diferentes círculos sociales (entre ellos: los sindicatos, la Liga de la Juventud Comunista, las federaciones de mujeres, etc.). Y como corolario, se resume la experiencia en los últimos años de Mongolia Interior, Yunnan, Guangxi, Guizhou y otras provincias y regiones autónomas en la creación de “Zonas residenciales sin drogas”. Se denominan de esta manera barrios residenciales urbanos y cantones rurales donde toda la población participa de un dispositivo de detección, cobertura y re-educación de los consumidores.

La crítica al modelo represivo, decidido a voluntad de una sola de las partes involucradas, supone necesariamente el desarrollo y la fundamentación de modelos alternativos.
El modelo preventivo está basado en la educación sanitaria, en la información y en un cambio de la actitud de la empresa hacia la consideración de los problemas de funcionamiento que se constituyen en factores de riesgo para el consumo y abuso de sustancias adictivas por parte de los trabajadores.
El modelo de identificación-tratamiento supone dispositivos de detección de la problemática respaldados en la confidencialidad, con criterios claros para el seguimiento, basados en el principio de la generalización del mecanismo, con asesoramiento de profesionales y participación de los gremios involucrados.
El modelo rehabilitador implica el objetivo de la vuelta del trabajador a su lugar en la empresa en un proceso exento de sanciones, ofreciéndole alternativas terapéuticas como signo del abandono definitivo del modelo represivo.
Las pruebas involucradas en el proceso de identificación de los trabajadores afectados por el hábito del consumo de drogas deberán hacerse en el marco de los criterios de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. Las intervenciones ante situaciones concretas podrán hacerse a partir de las demandas individuales, colectivas o institucionales.; pero implicarán siempre la participación en el diseño y la ejecución, de todas las partes involucradas.
La participación de los sindicatos en este proceso deberá hacerse sobre la base de programas integrados, participativos, voluntarios, planificados y confidenciales, lo que significa para los sindicatos el desafío de investigar y conocer las formas concretas en que el consumo de drogas afecta a cada empresa y cuales son las condiciones de ejercicio de las tareas que constituyen factores de riesgo específicos. Supone, al mismo tiempo, tener un discurso que defina la multicausalidad del problema, como alternativa al discurso dominante que responsabiliza únicamente al consumidor.
Otro elemento a tener en cuenta es que los programas de detección y reinserción no podrán nunca ser financiados a partir de quitas salariales a los consumidores, sino a partir de recursos externos de la empresa.

El programa de la OIT/OMS utiliza un sistema de “semáforo” para clasificar a los trabajadores que necesitan ayuda: una zona verde que incluye a los que no presentan ninguna problemática al respecto, una zona amarilla para los trabajadores que requieren una intervención inicial, más educativa que asistencial, y una zona roja para los que necesitan tratamiento y rehabilitación.
La garantía de que esta clasificación no se convierta en un vehículo de discriminación, está dada por la participación de los componentes estatales, empresariales y sindicales en el diseño de los dispositivos específicos y adecuados para cada empresa. El programa promueve la creación en cada país de Asociaciones de Administradores de Recursos contra el Consumo Abusivo de Drogas (representado por la expresión inglesa ARMADA) partiendo de la experiencia que señala que “la organización de redes ha resultado muy útil para compartir información, experiencias y recursos y la realización de actividades conjuntas a escala comunitaria”.

Creemos necesario destacar que la necesidad de desarrollar programas adecuados para la detección y la rehabilitación de trabajadores con problemas de consumo de drogas, no puede encararse exclusivamente desde el ángulo del cuidado de la productividad y ni siquiera solamente desde la perspectiva de un encare dirigido a la recuperación del concepto de salud integral del trabajador. Es necesario reconocer el lugar de trabajo (en su dimensión normativa y comunitaria) como un espacio invalorable para el desarrollo de la potencialidad de “cura” del trabajador afectado, sobretodo en los casos donde la familia y la comunidad más inmediata parecen haber perdido la capacidad de influencia.

La falta de datos estadísticos y de reflexión adecuada en nuestros países resulta ser un componente más de la propia problemática. La casuística que revela la clínica o la consulta aislada de las empresas y los sindicatos permite, sin embargo, visualizar la punta de un iceberg; la cuestión del consumo de sustancias psicoactivas relacionado al mundo del trabajo parece agravarse, o por lo menos redimensionarse, en la medida de que se agravan los factores de riesgo que mencionábamos anteriormente.
Deberíamos sentir como imprescindible abrir un debate sobre el tema con todos los sectores involucrados antes de que se convierta en una rutina que no nos conmueva el ver trabajadores que soportan la angustia de la precariedad o la inseguridad laboral con la compañía recurrente de una petaca, como los indígenas del altiplano el frío y el hambre mambeando hojas de coca. Pero en el caso de nuestras sociedades, sin ninguna mística de trascendencia.

Lic. Psi. Hermes Millán Redin

Responsable del Programa de Adicciones de P-CAP
Responsable de “El Astillero. Un programa para el adicto, su familia y la comunidad”.
Investigador del Instituto de Investigación y Asistencia (IDIA) – Buenos Aires – Argentina
Responsable del Espacio Uruguay de PSICOADIC Centro Virtual para el Tratamiento de las Adicciones y Problemáticas Actuales – Buenos Aires – Argentina
Asesor del Instituto Carlos Linneo en materia de Prevensión de Adicciones – Oberá – Misiones - Argentina