Presentación

COLOQUIOS

"Los discursos de control"
Dialogo entre el Dr. Bulacio (Director de IDIA) y el Dr. Horacio Catani (Juez de la nacional de Apelaciones en Criminal y Correcional Federal)

B. Bulacio. ¿Qué te ha quedado como síntesis de tantos años de trabajo en este tema, desde un lugar tan importante como fue tu función en el CENARESO?

H. R. Catani. Si, recién me doy cuenta de que fueron trece años. No tomé suficiente distancia pero puedo ir pensando en voz alta sobre distintos momentos. Hay una primera etapa que podría llamar " fundacional", la de la puesta en marcha de un Servicio Jurídico "atípico" en el sentido de estar relacionado tanto con lo asistencial como con lo administrativo. Se trataba de llevar a la práctica muchas ideas sobre el rol del abogado como integrante del equipo terapéutico en una institución asistencial, que yo traía de mis seis años anteriores pasados en el ex Instituto Nacional de Salud Mental. Creo que, al igual que todo el núcleo fundacional del CENARESO, en aquel momento tenía más claro lo que no había que hacer, lo que no había que repetir, que la tarea concreta a emprender. En el caso del servicio jurídico siempre me había impresionado el divorcio que existía entre los equipos asistenciales (profesionales y técnicos) y el sistema judicial del cual dependían casi todos los enfermos mentales. Al emplear la palabra "divorcio" quiero aludir tanto al profundo desconocimiento de problemas mutuos como a los enfrentamientos que, por supuesto, sólo perjudicaban al enfermo. Mucho de esto sucede en la práctica cotidiana con los menores institucionalizados, aunque, claro está, los enfermos mentales no se amotinan ni hacen ruido. Creo que logré estructurar un servicio jurídico integrado al equipo terapéutico sin perder identidad ni individualidad y, al mismo tiempo, conocedor de la realidad judicial. Este equipo realizó una función de "bisagra" que redundó en beneficio directo de los asistidos: transmitíamos al juez las necesidades, recomendaciones y requerimientos del equipo tratante en cada caso (salidas, egresos, etc.), y a la inversa, al equipo tratante informábamos la situación judicial de cada asistido. Hubo ocasiones, que debes recordar bien, en las que los jueces cumplieron verdaderas funciones terapéuticas de contención en función de ascendiente que tenían sobre los asistidos. En muchos otros fracasábamos, porque los jueces se aliaban con el paciente en contra del equipo tratante y repetían conductas saboteadoras similares a las del grupo familiar.

Después hubo un segundo momento que coincidió con los peores años de la dictadura: la famosa identificación "drogadicto-subversivo" y la persecución de los profesionales de las ciencias de la conducta (psicólogos, sociólogos, psiquiatras). Gracias a una inteligente conducción de la institución, su autonomía administrativa y otros factores que sería largo de enumerar, no sólo sobrevivió sino que llegó a ser el único centro de salud con psicólogos trabajando, y al que los pacientes se podían acercar con confianza. En aquella época era muy común que los posibles asistidos, antes de ver a un terapeuta, hablaran con el abogado para sondear si no se los iría a denunciar, si los legajos serían secretos, etc. Pese a presiones más o menos directas, afortunadamente no salió de la institución ninguna información que no fuera exigida por juez competente. Creo que los organismos de seguridad llegaron a convencerse de que, obrando con tanto poder y discrecionalidad en tantos órdenes, podían prescindir de la información proveniente de los historiales clínicos, en los que, por otra parte, por ser la única institución que atendía la patología en forma gratuita, el día de mañana podrían ver escrito el nombre de sus propios hijos. La institución cobijaba dos tipos de marginados: los pacientes "drogadictos" (y por ende "subversivos ") y los terapeutas, porque pertenecían a profesiones "sospechosas de comunistas".

Que interesante. Hoy todo eso quedó atrás. Desapareció el paradigmático "drogadicto-subversivo" (ahora nació en el continente el "narcoterrorista"), pero no se termina de aceptarlo plenamente como enfermo. Se lo sigue caracterizando, además, como "vicioso" (¿hay enfermos "virtuosos"?), como "delincuente", y se mezclan así categorías sanitarias, éticas, jurídicas, etc. Apoyando por los medios masivos de comunicación persiste el tremendísmo y el carácter terrorífico del tema droga (las asociaciones más frecuentes: droga – sobredosis - muerte / droga – delito - muerte); se visualiza a los drogadictos más como victimarios contagiantes de una plaga, que como víctimas de un sistema social contradictorio.

B. B. Según tu criterio, ¿qué papel, qué "aporte" hizo el discurso jurídico a este "tremendismo" del que hablas? ¿Le cabe alguna responsabilidad?

H. R. C. Claro, el discurso jurídico es un discurso legitimador por las propias características que tiene el sistema penal. Pese a la falsa ilusión que puedan crear los medios masivos de comunicación, debemos tener muy en claro que ningún problema social se resuelve con el derecho penal. En el mejor de los casos, el conflicto se contiene por la fuerza, y en casi todos se agrava y reproduce. Frente a un problema que la estructura social no puede resolver, se piensa que por el hecho de que el legislador lo "escriba" en una norma y lo castigue con una pena queda mágicamente solucionado, cuando, en verdad, que el problema se supere o no dependerá siempre de factores ajenos a la supuesta solución legal.

Cuando me refiero al discurso penal o punitivo no hay que olvidar que muchas veces ese discurso de control está encubierto con un discurso médico, tutelar o asistencial. Aquí hay que prestar mucha atención. En los proyectos de reforma de la ley penal se prevén internaciones obligatorias, tratamientos de educación preventiva y otras medidas similares como alternativas a la pena o en forma conjunta. Nos tenemos que preguntar ¿en dónde se cumplirán esas internaciones? Cuidado con el llamado "fraude de etiquetas": habito el piso 4° de la cárcel porque cumplo un tratamiento, no una pena. Los penados ocupan los pisos inferiores.

B. B. ¿Se considera peligroso a un paciente toxicómano?

H. R. C. La reacción social frente al consumidor de drogas fue muy variable. Hasta el siglo XIX ni el usuario ocasional ni el toxicómano fueron perseguidos legalmente, aunque existía respecto de ellos una reacción social negativa (como sucede en la actualidad con el enfermo alcohólico). Este paradigma de "consumidor jurídicamente anodino" cambia a fines del siglo XIX, cuando se comienza a identificar drogadicción con delincuencia. En el siglo XX casi todo el mundo occidental dispone de leyes contra las toxicomanías. Con la expansión del mercado negro, el tráfico organizado y el gran negocio subterráneo de la droga se refuerza la identidad "droga - delito" y "drogadicto - delincuente"; y el protagonismo del derecho penal en la cuestión.

A partir de los años 60 el fenómeno se transforma radicalmente. La droga deja de ser patrimonio de grupos marginales (indios, negros, pobres, etc.) y se extiende a los jóvenes de clase media. La inconveniencia de considerar " delincuentes" a la gran cantidad de adolescentes que experimentan la droga provoca más reacción social, y entonces surge el concepto de "consumidor- enfermo", al que más adelante se le irán agregando algunos matices que lo acercan más al estereotipo anterior (delincuente). Se habla de "enfermo complaciente", "enfermo contagioso", "enfermo peligroso", etc.

La idea de peligrosidad está muy unida al toxicómano y a poco que se analice se advierte que injustificadamente. Se habla de los delitos cometidos para procurarse la droga como fundante de esa peligrosidad. Aunque la T. V. Nos muestre a los negros norteamericanos acuchillando viejitas para procurarse la dosis de heroína, nuestros adictos no pasan de cometer hurtos, robos o falsificaciones de recetas, porque no nos olvidemos que los pegamentos y ciertos medicamentos psicofármacos están al alcance de la mano y del bolsillo del toxicómano, por el incumplimiento de restricciones legales. No he conocido caso de drogadicto que haya cometido delitos violentos y graves para procurarse de droga que, por otra parte, como casi todas las usadas en nuestro medio, no producen dependencia física.

Se hace referencia también a delitos cometidos bajo los efectos de las drogas. Excepto homicidas culposos por inyectar a otro por error una sobredosis, sólo conozco daños y lesiones producidas en estado de excitación psicomotriz. Lo cierto es que la mayoría deambula como borracho y termina dormido. En este aspecto es notable la labor deformante de los medios masivos de comunicación que han determinado que se asocie "LA DROGA" con todos los delitos graves, asignándoles una significación causal que generalmente no tiene. En su lenguaje, excluyen de la acepción "droga" al alcohol, que justamente es la única sustancia que suele estar presente con mayor frecuencia en la comisión de delitos graves.

Hay todavía una tercera cuestión vinculada con la peligrosidad. El drogadicto sería "potencialmente peligroso" porque al necesitar consumir la sustancia fomenta indirectamente su producción y tráfico. Por esta vía se llega a afirmar que un consumidor (ocasional o toxicómano) de marihuana es "co-responsable" del fabulosos negocio de las drogas, problema político y económico (más que penal) que moviliza sumas superiores a la deuda externa de más de uno de nuestros países; y sobre esta base se fundamenta la necesidad de punición de la tenencia de drogas, cualquiera sea su cantidad, como una forma "indirecta" de hacer punible el tráfico. Con esta misma línea argumental se debería castigar penalmente a los "clientes" de la prostituta para acabar con la rufianería, lo que es manifiestamente absurdo. Creo que de esta manera descargamos sobre la víctima nuestra impotencia por alcanzar al victimario y la victimizamos dos veces (como adicto y como delincuente).

Por último, al hablar de "peligrosidad" no viene mal recordar que los aspectos represivo y punitivo no están solamente en la ley penal, sino que pueden aparecer con más crudeza en un discurso tutelar fundado en esa peligrosidad. Zaffaroni recuerda con acierto que la Inquisición quemaba el cuerpo del sujeto para tutelar su alma, que de esta manera no se seguía dañando...

B. B. Habría entonces dos formas de concebir la temática del farmacodependiente. Ya sea situándolo en relación con la droga como causa, o bien situando al sujeto como causa de la droga. Dicho de otra manera, no es la droga la que hace al drogadicto, sino el sujeto el que produce ese objeto, es decir: el toxicómano es el que hace a la droga, la llama de este modo a una función.

Cuando hablamos de drogadicción, tanto el discurso médico como el discurso jurídico colaboran a otorgarle al objeto (droga) un estatuto muy particular, en tanto causa, en tanto determinante de ese lugar al cual se identifica ese sujeto, supuestamente afectado por una "adicción".

H. R. C. Yo diría, en un plano más general, que la drogadicción es una relación "patológica" de un sujeto con "ciertos" objetos justamente en el marco de una sociedad de consumo, no sólo en la que los "objetos" están privilegiados, sino en la que las relaciones interpersonales se han "cosificado". En un tiempo y en un momento determinado ese vínculo sujeto – objeto se define como ilícito, y a partir del discurso jurídico que marca la ilicitud concurre también el discurso médico que respalda con su touch of science las definiciones de poder del discurso jurídico.

B. B. ¿Cómo surge la definición de ilicitud del objeto?

H. R. C. Entramos de lleno en el tema del poder. Las drogas no son lícitas o ilícitas sólo por su potencialidad para producir dependencia. Si fuera así, el alcohol y muchos fármacos deberían estar prohibidos. Suele ser muy importante lo que ciertas drogas simbolizan desde el punto de vista del poder. ¿Qué significó en los EE. UU. una enmienda constitucional para prohibir el alcohol, durante la "ley seca"? ¿Un lúcido reconocimiento acerca de los peligros de esa sustancia? No. Existía un conflicto de poder entre dos grupos sociales y había que reafirmar los valores del grupo puritano originario, para el cual la virtud era la abstinencia en contra de los inmigrantes católicos, irlandeses e italianos que llegaban con la tradición de la taberna. El alcohol se convirtió en la reafirmación del símbolo del grupo puritano establecido. Creo que el ejemplo vale como muestra de la complejidad de factores que pueden estar detrás de permisos y prohibiciones.

B. B. Te pregunto como alguien más vinculado a la clínica, si estos discursos, si estas posturas, no serían obstáculo para el tratamiento del problema real que se pone en juego, velado muchas veces por estas cuestiones que recién introducías, al propósito del "tremendismo", los efectos y consecuencias del "prejuicio" o la estigmatización.

H. R. C. Creo que no tenemos que confundir los niveles de análisis porque pueden parecer cuestiones excluyentes que no lo son necesariamente. Hemos conversado hasta ahora, a propósito de las adicciones, sobre cuestiones generales que se relacionan con el poder, las valoraciones, estereotipos, etc., que generalmente aparecen encubiertas y que es bueno y útil ponerlas de manifiesto con la mayor crudeza. De la misma manera, el psiquiatra que atiende enfermos mentales lucha cotidianamente con el estereotipo que sostiene que sus pacientes deben estar bien contenidos, guardados y encerrados en el manicomio, y que profetiza que él terminará tan loco como sus enfermos.

Creo que en el terreno nuestro están crudamente exteriorizadas las contradicciones del sistema: hay drogas que son legales y otras ilegales. El alcohol, el tabaco, los medicamentos están plenamente integrados y es dudoso que sin ello el sistema pueda funcionar. Otras sustancias en cambio son "malas" (¿porque entorpecen la producción?, ¿ porque están asociadas al hedonismo?, ¿porque no se está todavía en condiciones de monopolizar su producción o comercio?). Contradicciones tan flagrantes provocan la aparición de discursos autoritarios para que las encubran.

B. B. Hay un concepto que me pareció muy interesante en lo que planteabas en relación con los dos discursos: el médico y el jurídico. Que frente a las contradicciones del sistema parecería que estos discursos introdujeran algo así como un perfil autoritario, como una forma de eliminar la contradicción, romper con la ambigüedad en algún punto, e introducir una definición: "esto es así".

Todos aquellos que de algún modo mantenemos una experiencia vinculada a la clínica de la adicción a drogas sabemos de esa

Particular relación que el paciente establece con la figura de la ley. No sólo por las características del objeto en cuestión (la droga como objeto prohibido dentro del sistema), sino también en relación con esas modalidades de la conducta en las que se destacan permanentemente la transgresión, el desafío, esa tendencia del sujeto a manejarse en los límites de toda experiencia, y muchas veces la demanda de límites parece formar parte de ese patrimonio permanente del modo de ser de un toxicómano. Desde tu lugar, desde esa experiencia, ¿qué es lo que podrías aportar de esa relación del sujeto con la figura de la ley? La pregunta apunta un poco a saber qué relación se podría establecer entre estas modalidades transgresivas que conllevan siempre un fuerte desafío a la figura de la ley, que aparecen muy vinculadas a conductas típicas del toxicómano, y este rasgo autoritario de la definición, desde el punto de vista de los discursos. ¿Opera esto en cierto nivel como una forma de cuestionamiento, de denuncia en algún plano?

H. R. C. Trataré de explicar mi opinión sin confundir los niveles de análisis. Decía antes que a veces, y más allá de los efectos biológicos o farmacológicos, muchas sustancias se permiten o prohiben porque asumen porque asumen un valor simbólico de conflictos sociales de mayor amplitud. Algo de esto sucedió con la marihuana durante la dictadura. Si bien la Resolución 162/74 consideraba punible la tenencia y comercialización de 130 drogas, sólo la marihuana era identificada con criminalidad subversiva, comunismo, marxismo, etc., afirmaciones tan descabelladas que sólo se explican al reconocer que asumió ese valor simbólico, pero lo peor es que lo asumió a dos puntas, el símbolo se sacralizó a dos puntas. Para el poder (la doctrina de la seguridad nacional) era símbolo de protesta por parte de algunos consumidores. No pretendo generalizar, sino simplemente incitar a la reflexión sobre algunos aspectos de estos mecanismos, sin desconocer, por supuesto, el carácter tóxico de las sustancias.

Por otra parte, y ya a nivel individual del toxicómano, comparto tus reflexiones sobre su modalidad transgresiva, su permanente desafío a la puesta de límites. Creo que es un error generalizar, como muchos hacen y afirman, que la gente se droga porque las drogas están prohibidas y con la legalización de todas se acabaría el problema de las toxicomanías. En el drogadicto la arista transgresiva está muy asociada a la autodestructiva, y de la combinación de estas tendencias surgen conductas diversas. Hay pacientes que buscan el choque frontal con la ley, con el sistema penal, consumiendo "drogas prohibidas" o también las no prohibidas, pero incursionando en otras transgresiones, sin demasiado cuidado, de modo que son fácilmente atrapados por la maquinaria penal. Aquí los dos aspectos se combinan en alta medida. Estos pacientes están reclamando límites. Se inyectan cerca de las comisarías, en los bares frente al Departamento de Policía, confiesan ampliamente en el tribunal lo que hicieron y lo que no hicieron. Hay otro grupo más "cuidadoso" que se detiene en los límites de la "transgresión social y familiar": consume drogas pero no quiere chocar con el sistema penal. Cuidan muy bien de mantenerse dentro de la legalidad jurídica. Consumen sustancias "legales" (psicofármacos, pegamentos) que tratan de adquirir lo más lícitamente posible, aunque por lógica no puedan evitar sus contactos con iguales dedicados a la distribución al menudeo, pero se observa en ellos una actitud de autopreservación en cuanto a las consecuencias jurídicas, a las que visualizan como inmanejables. Ellos creen poder controlar los efectos de las drogas, pero se dan cuenta de que los impactos negativos de la maquinaria penal están fuera de su control y la evitan. Con estos ejemplos quiero poner de manifiesto que en definitiva el adicto, en general, quiere manejar él el tema de los límites a los que llega en lo que a la transgresión y autodestrucción se refiere. En este contexto hay muchas anécdotas de ingreso de drogas al CENARESO, lo que después internacionalmente se convirtió en una leyenda negra para favorecer intereses económicos particulares. Cuando un internado escondía 10 pastillas de dextrometorfan (sustancia no incriminada penalmente) y las ingresaba a la institución, era más importante la transgresión y tantear la respuesta institucional que la ingesta de la droga, cuya dosis mínima para un adicto es de cincuenta pastillas, sin contar con que muchas veces la distribuía entre sus compañeros.

B. B. La experiencia que la clínica nos deja en este aspecto es como una transferencia. Se transfiere una cuestión de un lugar a otro; es como si del a escena interna, familiar al sujeto, muchas veces la figura de la autoridad policial o jurídica se ve implicada, dentro de una modalidad de relación del sujeto con ese discurso. La impresión que siempre he tenido es como si formase parte o implicase algo así como una demanda, se pide a un lugar de autoridad, una suerte de reclamo sobre la figura de la ley, una pregunta que puede formularse: dónde está la ley, dónde radica la legitimidad de una palabra, que pueda dar cuenta de algo vital a la experiencia de ese sujeto. El sujeto apela a la escena social para recrear toda esta conflictiva y es ahí donde se plantean los límites para poder operar, porque es muy probable que ese sujeto lleve a la escena social una cantidad de interrogantes que el sistema mismo encierra.

Uno de los primeros interrogantes que nos formulamos es qué pasa con ese sujeto que apela a través de su relación con el objeto (lícito o ilícito), que está puesto ahí como un elemento en los límites de la infracción, de la transgresión legal, como un instrumento de goce, en una relación muy particular con él en la que está emancipado del otro, es decir, que no lo implica. Son preguntas que requieren una definición difícil y, quizás, desde algún lugar hay que definirlo.

Cuando hablabas de estigmatización, tremendismo, autoritarismo, etc., ¿en qué medida el discurso jurídico podría colaborar –si esto es posible- para despejar este terreno real de la experiencia del toxicómano, dado que pareciera que todos estos elementos fuesen obstáculo para comprender la problemática del sujeto?

H. R. C. Estoy convencido de que el derecho penal, el discurso jurídico de control, debe reservarse para la única función útil que tiene: proveer a la seguridad pública por medio de la contención. Debe ocuparse de controlar la producción y el tráfico de las drogas ilícitas para evitar que el poder corruptor internacional de este negocio haga pie en el país. Ahí tiene que golpear con fuerza y con eficacia. Este derecho penal efectivo para la represión del tráfico ilícito no debe intervenir, no tiene nada que hacer, respecto del consumidor de drogas (ocasional o toxicómano), ya que en este caso pone en marcha procesos de estigmatización y criminalización incontrolables y se puede llegar a instaurar verdaderas "carreras criminales".

Pero como decía antes, si el discurso jurídico de control social se retira de la escena, hay que tener cuidado para que no vuelva disfrazado y más crudamente terapéutico y tutelar, mucho más autoritario que el otro, porque carece de sus garantías formales.

El consumo de drogas, como los otros problemas sociales, debe abordarse con las ciencias sociales, las ciencias de la conducta; se ha de revisar permanentemente que respete en todo momento la individualidad y la dignidad de la persona involucrada. Podría tener intervención un derecho civil especializado (tribunales de familia) que se ocupe interdisciplinariamente de evitar que se utilice el discurso terapéutico como un burdo instrumento de control del "diferente".

El hecho de que estos temas de salud estén todavía en las manos del sistema penal y del discurso de control, es un indicador preocupante de la imposibilidad o del fracaso de los responsables de la prevención y el tratamiento de estas patologías, para encararlos. Así, suelen reclamar la intervención mágica del legislador cuando el problema los desborda. Este es otro aspecto que requiere una mayor reflexión.

B. B. Cuando te referías a los terapeutas que frente a la impotencia que experimentaban, frente a alguna circunstancia de lo real que sobrepasaba los alcances de su clínica, recurrían a la policía, al abogado o al juez, los comparaba con los padres de muchos pacientes que frente a una situación determinada apelaban al juez, incapaces de resolverla pos sí mismos.

H. R. C. Al juez o al médico. ¡Cuántas veces hemos visto que los padres, al enterarse de que el hijo consumía drogas, aunque lo hubiera hecho ocasionalmente, antes de tratar de comprender la situación, de analizar ese hecho y su contexto, antes de reflexionar, apelaban a una demanda de orden, de control, y para eso nada mejor que los dos referentes más claros: el juez y el médico!

B. B. Parecería que también el médico, cuando se confronta con la impotencia de su propio discurso, pudiera apelar al discurso jurídico.

H. R. C. Si, son discursos que se apoyan y se legitiman entre si, aunque insisto en que resulta más peligroso el discurso terapéutico de control, por su pretendida neutralidad valorativa y por el touch of science que imprime a su demanda de orden y de control. Desgraciadamente, la difusión del SIDA va a dar oportunidad de sobra para analizar los distintos discursos explícitos o implícitos que se están estructurando a su alrededor.

B. B. Hablar del discurso médico como de control, sería definirlo como un discurso ideológico.

H. R. C. Absolutamente. En las ciencias sociales, en las ciencias del comportamiento humano, no hay discursos científicos neutros. Nos resulta claro que el discurso jurídico es ideológico y valorativo. La lucha por el derecho es el intento de ponerlo de manifiesto, hacerlo garante y lograr ciertas formas de igualdad. El discurso médico, en cambio, suele negar que sea valorativo. Se aferra a un supuesto cientificismo neutro, aséptico, que en realidad no existe, y así se encubre una valorización y una ideología determinadas.

B. B. Los psicoanalistas en su práctica saben diferenciar lo que es el acto, el discurso psicoanalítico de lo que es el discurso médico. ¿Cuál es tu experiencia en el trabajo que has realizado con profesionales médicos o psicólogos? ¿De qué manera dentro del marco de nuestras instituciones asistenciales vinculan su práctica al psicoanálisis?

H. R. C. Es una pregunta difícil de contestar porque nuestro trabajo fue realizado en su mayor parte durante una dictadura, es decir, en una época donde había un discurso autoritario en toda la sociedad y en todos los segmentos de la estructura social: la cultura, la educación, el deporte, etc. Por eso ahora, en la transición, debemos poner atención a estos aspectos. En aquella época nos concentrábamos en el síntoma que traía el enfermo, analizábamos la estructura familiar y nada más. Hacíamos abstracción completa de la realidad social en que se desenvolvía esa familia. Por eso ahora hay que estimular los estudios sociológicos de los problemas sociales para conocer científicamente la realidad (no la que interesadamente nos presentan los medios masivos de comunicación) de la que emergen estos problemas y los casos que se van a recibir en la práctica clínica.

B. B. Me parece interesante este aspecto que tratas en relación con los pocos estudios que existen sobre el tema, porque es casualmente el déficit que hay en ese orden lo que da espacio a los discursos de control. La pregunta sería, ¿qué es lo que pasa con estos "otros discursos" que parecen no encontrar un espacio claro de fundamentación? Lo vemos a través de los pocos estudios serios realizados por las dificultades que plantea la práctica, porque los mismos profesionales no tienen referencias o información para trabajar en el problema. Y todo como consecuencia de lo que podríamos definir como falta de fundamentación que dé cuenta de la problemática en otro nivel que no sea médico o jurídico, como discursos de control.

H. R. C. Tu pregunta, Bruno, nos vuelve al tema del poder. ¿Te imaginas qué sucedería si investigaciones psicosociales serias nos revelaran, por ejemplo, que el problema de la "inseguridad ciudadana" provocada por la delincuencia es "normal" o incluso menor que el de cualquier gran metrópoli de Latinoamérica o del mundo? ¿O que con el alcohol, el tabaco, los medicamentos y los psicotrópicos, los adultos nos drogamos más que los adolescentes? ¿O que la represión penal del consumidor ocasional de drogas tiene un mayor costo social que su impunidad? No es casual que los sistemas autoritarios desalienten y persigan las investigaciones sociales, porque el discurso de control cabalga sobre la ignorancia y el temor, generosamente distribuido por los medios masivos de comunicación.

B. B. Resta dejar abierta la pregunta de qué es lo que se intenta parar. Qué es lo que los mecanismos de control de la familia, del psicoanálisis, del discurso médico, del discurso jurídico intentan detener...